Desde que el Territorio Nacional de Tierra del Fuego fue provincializado a principios de la década de los 90s, vivimos inmersos en una espiral de inestabilidad, cortoplacismo e improvisación elemental.

Ninguna gestión hasta nuestros días pudo plasmar en la estructura socioeconómica isleña las bases para lograr un desarrollo sostenido de la industria y el comercio. Fue siempre más sencillo aferrarse a los beneficios fiscales otorgados por la Ley 19.640 y confiar en que el buen humor del Poder Central acompañara la continuidad del régimen.

El otro karma provincial fue el crónico déficit fiscal, al que salvo honrosas excepciones, las anteriores gestiones se encargaron de alimentar y retroalimentar hasta hacer imposible el sistema administrativo estatal.

El primer gobernador provincial, José Estabillo del Movimiento Popular Fueguino, recibió la Provincia en "cero" y la entregó ocho años después, con un caos administrativo y financiero, que incluyó la entrega anticipada del poder con una escalofriante deuda de casi 300 millones de dólares. Endeudamiento, tensión social y un estrepitoso fracaso sui generis fue el saldo de esa malograda experiencia.

Carlos Manfredotti, que recibió una Provincia desquiciada fue capaz de reducir el déficit asumiendo los costos políticos necesarios hasta el punto de pagarlos con la derrota electoral en 2003.

El resto de los gobiernos desde la provincialización a esta parte alimentaron irresponsablemente el déficit, gastando año tras año más de lo que obtenían por ingresos, hipotecando de este modo la cobertura básica de derechos, como la educación, la salud, el acceso a la vivienda y la calidad de vida de todos los fueguinos.

Más adelante y siempre sin horizontes de planificación, los gobiernos fueguinos de la era kirchnerista resultaron pésimos administradores, perdiendo oportunidades que es posible que no volvamos a tener en décadas en el ámbito nacional e internacional.

Recibir una Provincia luego del peor Gobierno

Hasta la asunción de Rosana Bertone en diciembre de 2015, veníamos de años de desinversión en infraestructura. A ello debía sumarse la debilidad institucional del Gobierno. Por poner un ejemplo caro a los intereses sociales: los fueguinos llegamos a naturalizar que niños y adolescentes perdieran año tras año incontables jornadas escolares entre paros docentes y suspensión de clases por problemas edilicios.

Sobre aquel contexto de fragilidad estructural e institucional, Rosana Bertone recibió una administración estatal paralizada y su estado financiero al borde del quebranto. De los casi 11.400 millones de pesos que el presupuesto 2016 calculaba como ingresos corrientes de la administración central, poco más de 9.000 millones (el 79%) fueron devengados al pago de sueldos. Si e eso se sumaba el pago de jubilaciones, que insumiría otros 2.500 millones ese año, aproximadamente un 90% de los ingresos del Estado debían ser destinados a pagar sueldos y jubilaciones.

Parecía que nada más podía hacerse ni pensarse, sólo dejar pasar el tiempo hasta que el sistema jubilatorio estatal colapsara definitivamente y se arrastrara famélico hacia la armonización federal; y que los bienes públicos esenciales se tornaran obsoletos hasta su derrumbe o desafectación.

Desde ya, el sector privado nada podía esperar del Estado fueguino. Fabiana Ríos vivió cada fin de mes de su última gestión obsesionada con la asistencia financiera nacional para pagar sueldos y las jubilaciones en cuotas, todo lo demás pasaba a un segundo orden.

Una situación muy diferente se vive en la actualidad.

Es muy importante recordar la Tierra del Fuego previa a la asunción de Bertone, porque es injusto juzgar el presente desde el olvido de la mediocridad de los gobiernos que le precedieron.

Paz social y buena administración

Los sectores que ciegamente difamaron las leyes del 8 de enero de 2016 y establecieron un singular y violento enfrentamiento de tres meses en el denominado “acampe”, no pueden desconocer que aquellas normas permitieron al Gobierno recuperar cierta autonomía fiscal para encarar un programa de reordenamiento del Estado.

Cuando asumió Bertone la Provincia arrastraba un déficit escalofriante: el rojo de las cuentas fueguinas incluía una deuda consolidada de 408 millones de dólares, 500 millones de pesos de la administración de Fabiana Ríos y el sistema jubilatorio que dejaba un déficit mensual de 40 millones de pesos.

 Por eso causa impresión que en este 2018, Tierra del Fuego se encuentre entre una de las Provincias que en este primer semestre pasaron de estar en rojo a poseer superávit financiero, es decir, que incrementaron sus ingresos mucho más que sus gastos, cifras que dio a conocer el Ministerio de Economía argentino en agosto.

Tierra del Fuego tienen en ese sentido, una posibilidad histórica de poder labrar un camino diferente al transitado hasta ahora, con la paz social lograda y una administración eficiente.

Gobernar es edificar las bases del futuro

La salida del letargo gubernamental no fue un acto fortuito, respondió a una decisión política que logró sortear los cantos de sirena del corto plazo. Enfrentó las presiones internas y externas y finalmente pudo anteponerse conservando intacta la capacidad de proyectarse hacia el horizonte de la inversión en infraestructura. Así se pudo articular el plan de obras públicas más importantes de la historia de la Provincia.

Por esa sencilla razón, tanto la reforma del Estado operada desde 2016 que logró acomodar las cuentas estatales, como la toma de deuda por 200 millones de dólares para el plan de obras de infraestructura, significan que esta gestión por fin está pudiendo establecer las bases para el crecimiento sostenido de la economía fueguina, sin descuidar las urgencias del momento ni incumplir con la cobertura básica de derechos y prestaciones ciudadanas. Porque es imposible aspirar al crecimiento y a la justicia social con un Estado deficitario y sin inversión pública.

(*) Secretario de Acción Política del Congreso Provincial Justicialista de Tierra del Fuego.