Es notable como en ocasiones un insulto puede ser una oportunidad.

El diputado Gastón Romá, mediante un insulto encubierto, intentó descalificar una de las medidas más positivas y progresistas que ha establecido el actual Gobierno provincial: el subsidio al gas envasado en Tierra del Fuego.

El cambio del modelo de transferencia, encuentra en el incremento de tarifas, uno de los aspectos más controversiales de las políticas públicas iniciadas con la gestión Macri.

Por cierto, no es simplemente una cuestión económica. Como lo sostuviera Walsh, es en el modelo económico, en donde se suelen observar las mayores violaciones de los derechos humanos.

La incorporación de los Tratados de Derechos Humanos, con la reforma de 1994, ha replanteado el tema de los servicios públicos. La totalidad de las miradas, hoy, deben enfocarse desde una perspectiva de derechos. En la actualidad, la prestación igualitaria y efectiva de los servicios hace a la vigencia real de los derechos sociales.

Así lo supo reflejar la Corte Suprema, en el caso “CEPIS”, al advertir que el incremento de la tarifa de gas, en la extensión proyectada por el Gobierno Nacional, afectaba el derecho a la vivienda adecuada.

El gran mérito del gobierno provincial (quizá pocas veces destacado), ha sido no dejar caer en el abandono, a aquellas personas o familias, que ante el nuevo esquema de transferencias impuesto por el actual modelo económico, dejaba a cargo de las familias más humildes, las cargas que antes se encontraban establecidas mediante otro esquema distributivo.

El subsidio al gas envasado, por el que actúa, se compromete y reclama Bertone –e insulta Romá-, es el lugar que ocupa el Estado Provincial para asistir a aquellos que, ante el retiro del Estado nacional, quedarían lisa y llanamente en la lona.

En la Patagonia el gas está subsidiado –entre otras cosas, además de las lógicas consideraciones climáticas, porque también es un recurso  que produce la región-. Pero con una limitación: a los usuarios de gas por red. Aquellos que teniendo las mismas necesidades, carecen de infraestructura domiciliaria de acceso, no los cubre el subsidio.

En otras palabras, en general, los más excluidos y postergados, en materia de derechos se encuentran doblemente discriminados. Porque no tienen servicios y, por ello, además son castigados económicamente al negárseles el subsidio.

Hoy, una familia tipo, abona una tarifa de gas por red, de aproximadamente entre $ 1500 y $ 2.200. La misma familia, usuaria de gas envasado, debe abonar entre $ 1800 y $ 3000. Si no tuviera el subsidio, debería abonar entre $ 7000 y $ 11.000.

Parecería razonable utilizar datos estadísticos para reforzar argumentalmente el reclamo de la Gobernadora Bertone. La CSJN, en el citado caso “CEPIS”, como novedad, introdujo la idea de que el precio de las tarifas tenía que tener una relación con los ingresos del grupo familiar, no pudiéndose alcanzar una extensión “confiscatoria”.

Señaló el Máximo Tribunal que es deber de los poderes públicos “ponderar la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables, y evitando, de esta forma, el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera calificarse de "confiscatoria” , en tanto detraiga de manera irrazonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo familiar a considerar”.

La política seguida por el Gobierno Nacional hace que, de no existir el subsidio, muchas familias deban emplear más del 50 % de sus ingresos para cubrir las tarifas de los servicios públicos. En la Argentina, un impuesto mayor al 33 % es inconstitucional, y por menos aún, los productores sojeros cortaban todas las rutas de la Argentina.

Concretamente, de lo que se hizo cargo el Gobierno Provincial, es de la “salida” planteada por el gobierno nacional: 700 millones de pesos anuales, para el ejercicio 2018 es lo que ha decidido invertir el Gobierno de TDF; 14 veces más que en el 2014, antes del ingreso de Macri al gobierno. Más que un insulto, creo que es uno de los aspectos por los que el Gobierno Provincial merece una sincera aprobación.

Estos son, en mi opinión, los aspectos más importantes que como tema plantea la anécdota del insulto. El agravio, como tal, más se acerca a una proyección del emisor, que a una ofensa real a la destinataria. Hurgando noticias me encuentro con que al momento en que el Gobierno Nacional comenzó con su actual modelo tarifario, el diputado fue categorizado por la prensa nacional como el funcionario del Pro más insensible de la República: lo había increpado hasta su madre, que no podía comprender como en el año 2016, siendo pensionada nacional, había pasado a pagar de 180 a 1800 pesos de tarifas de gas.

La oportunidad, es que en su reclamo el Gobierno Provincial coseche las adhesiones que necesita para continuar una política pública que, en mi parecer, debe ser defendida: el compromiso de asistencia financiera al subsidio de gas envasado.