martes 17 de julio de 2018 - Edición Nº237
Dar la palabra » Política » 27 jun 2018

Recursos naturales, tarifas y subsidios

El gas como derecho universal (Por Osvaldo López)

Lo que al principio parecía que se trataba de un problema de logística en el reparto de las garrafas, resultó que escondía una estrategia de presión empresaria para obtener un aumento en el precio que les pagamos por nuestro propio recurso.


En relación al grave problema suscitado por la insuficiente distribución de gas envasado que perjudica a miles de familias en la provincia, El Diario del Fin del Mundo informa en su edición del 25/6 que el ministro de Economía, José Labroca, “envió una nota al Ministerio de Energía y Minería reclamando que la Nación asuma un rol más activo en el financiamiento del subsidio (http://www.eldiariodelfindelmundo.com/noticias/2018/06/25/77587-reclaman-a-nacion-mayor-aporte-para-subsidiar-el-gas-envasado).

Lo que al principio parecía que se trataba de un problema de logística en el reparto de las garrafas, resultó que escondía una estrategia de presión empresaria para obtener un aumento en el precio que les pagamos por nuestro propio recurso.

La referida nota de prensa aclara que la provincia pasó de gastar unos 60 millones de pesos en el subsidio en 2015, a presupuestar unos 700 millones de pesos para el mismo fin en 2018, mientras que la Nación congeló el valor nominal histórico de su contribución y sigue aportando lo mismo que en 2015, aumentando consecuentemente la participación del presupuesto provincial en la cobertura del gasto (alcanzando el 81% del precio, contra el 15% nacional).

La Nación define el precio de lo que es nuestro, de la provincia, pero no nos da con qué pagarlo, como si “la Nación” y “una empresa” se confundieran en una misma cosa.

Primeramente nos parece que en vez de “reclamar un rol más activo” lo que correspondería es liquidar la diferencia acumulada y demandarla judicialmente. Obviamente es diferente establecer la contribución nacional en una suma dineraria fija, que establecerla en un porcentaje del precio. Se sabe que la moneda nacional ha sido devaluada y que las tarifas del gas han sido aumentadas, ambas cosas por decisión del gobierno central en el marco de su proyecto político y económico. Por ende no pueden excusarse de la licuación de su aporte como si los nuevos valores obedecieran a caso fortuito, fuerza mayor o a cualquier otra contingencia de la que no son responsables.

Establecido el porcentaje de contribución nacional vigente al 2015, se aplica el mismo a los nuevos valores tarifarios de 2016, 2017 y 2018 y se obtiene la deuda líquida a demandar, acrecida con sus intereses (también altos por decisión política del gobierno macrista).

De lo contrario, salir a querer transferir culpas por el problema como quien “despega” de Cambiemos y se victimiza informando que aporta más al buen pasar de las familias fueguinas que no acceden al gas mediante las redes del servicio, es pura demagogia que, en retrospectiva, veremos en el futuro cercano como domesticación del reclamo para que la gente termine aceptando pagar más, acaso porque “al fin y al cabo la diferencia cuesta menos que una pizza” y hace bastante frío en esta época como para no volver a agachar la cabeza y resignarse al nuevo tarifazo.

Lo que no hacen es “multiplicar las pizzas” para sacar “la cuenta final”; porque si entramos a sumar cantidades de garrafas o tubos que necesita un hogar en el mes, lo que paga el Estado (provincial y nacional), lo que paga la familia por encima del valor subsidiado, más lo que paga a valor pleno cuando la cantidad subsidiada se agota, tenemos un valor por familia del orden de los diez mil pesos mensuales que se reparten entre empresas garraferas y petroleras, insisto, por brindarnos “un poco de nuestro propio gas”.

El gobierno central se queda con la diferencia (seguramente no sólo en perjuicio de nuestra provincia), porque es de la esencia del proyecto político impuesto, que no recauda para distribuir entre el pueblo que aporta y conforma el erario, sino para transferir a los sectores empresarios que representa; ahí está el quid de la cuestión: véase cómo el recientemente eyectado Ministro Aranguren (accionista y ex CEO de Shell), paradójicamente nombrado “huésped de honor” por el gobierno fueguino, revistando por dos años y medio a ambos lados del mostrador, incrementó los negocios de la compañía británica en la misma proporción en que redujo la participación de la nacional YPF  (https://www.pagina12.com.ar/123889-el-ceo-ministro-shell)

En resumen: Aranguren aplica tarifazos que van del mil al mil quinientos por ciento, reduce subsidios para que el mayor valor lo paguemos los usuarios, pone a su compañía petrolera en el centro de los negocios con el Estado del que es ministro, se hace declarar huésped de honor por el gobierno fueguino, renuncia, vuelve a la actividad empresaria, y el gobierno local se desentiende del problema diciendo “¡cuánto que aporto!” y manda una nota al nuevo ministro pidiendo “¡un rol más activo, che!”.

Otro dato “llamativo” en la nota de El Diario de Ushuaia es que la provincia presupuestó 714 millones de pesos para el subsidio en cuestión en 2018, en tanto que al mes de mayo lleva pagados por tal concepto unos 195 millones. A “vuelo de pájaro” tenemos que en casi medio año se pagó apenas algo más de una cuarta parte de lo presupuestado para todo el año. Claro que no se puede hacer una proyección directa de lo gastado a mayo para recalcular lo que se gastará en todo el año, porque el volumen de gas a repartir en invierno es mayor pero… ¿cuánto mayor? Si fuera el doble por cinco meses, la proyección anual estaría en los 663 millones de pesos.

Pareciera entonces que existe una sobrepresupuestación del orden de los 51 millones de pesos, que data de agosto del año pasado (fecha de presentación del presupuesto). Vale decir que en plena campaña electoral para Diputados en 2017 el gobierno estaba previendo la situación de la que ahora se queja y hasta hizo la previsión de un fondito extra como para alentar el reclamo de suba de precio de las empresas a las cuales no podría decirles ahora “no hay presupuesto”.

La misma lectura podemos hacer si cotejamos (siempre con base en los datos de la nota de El Diario) el gasto ejecutado en 2017, de 400 millones, con el presupuesto 2018, de casi el doble. Es decir no faltó previsibilidad del cuadro actual, lo que faltó es reclamo autónomo y vigoroso de lo que nos corresponde; una rareza en un gobierno que tanto habla de “gestión” y de las virtudes del “pragmatismo” desideologizado a la hora de garantizar “gobernabilidad”.

Yendo a lo que importa: el gas pertenece al pueblo, y el presupuesto con que se subsidia su precio también. La disputa entre “subsidio si” y “subsidio no” no tiene que ver con el precio sino con la forma de pago del mismo: mancomunado/solidario, o individual.

En el sistema mancomunado/solidario pagamos todo o parte del precio con cargo al presupuesto público a través de los subsidios; una variante del denominado “salario indirecto”. Sabemos que el salario, en términos de lo que la Constitución garantiza como “retribución justa”, debe alcanzar para pagar todo aquello que se necesita para vivir dignamente, y también para ahorrar. En lo respectivo al pago de la energía –que, huelga decirlo, es un derecho humano- si no lo pagamos con el salario indirecto o subsidio, deberá reconocérsenos el sustitutivo “salario directo” para que la podamos pagar de nuestra billetera sin sacrificar ningún otro derecho (v.g. alquiler o alimento).

En el sistema individual aportamos menos al erario que es “la billetera colectiva” y cada uno paga sus consumos como si no fuéramos seres gregarios ni una comunidad organizada ni solidaria, o sea neoliberal: cunde el darwinismo social y que supervivan el más apto y la más apta; el resto no hace mérito por ende sobra mejor que se extinga.

Entonces la ecuación juega tres variables que tienden al equilibrio: recursos particulares + recursos colectivos = calidad de vida. Las combinaciones posibles son tres, dos de ellas a niveles de razón y justicia, y una tercera a nivel neoliberal: si suben los salarios necesitamos menos subsidios para mantener o mejorar el nivel de vida; si aumentan los subsidios necesitamos menos aumento salarial y el nivel de vida se mantiene. Macri te suprime los subsidios y devalúa tus salarios (si es que todavía no perdiste el empleo) entonces el equilibrio (perverso, por cierto) entre las tres variables se establece con sacrificio de la calidad de vida. Y si a esas dos quitas le sumamos los siderales aumentos de las tarifas… chau.

Decíamos que aparte de la forma de pago, la discusión es cuánto el pueblo debe pagar, por lo que es suyo y necesita para subsistir. Expropiados del sentido común –como es lógico que estemos teniendo en cuenta que vivimos en un país neoliberal- ya ni nos acordamos de que cuando hablamos de recursos naturales, de gas, de energía en general (que es lo único que existe, según sabemos de Einstein para acá), hablamos de bienes que son del pueblo; no son de ningún gobernante ni de ninguna empresa que “nos hacen el favor” de darnos un poco en tanto cumplamos con las condiciones que a su antojo y conveniencia dispongan (digo ‘ni nos acordamos’ en el sentido de memoria activa, que se hace carne en los cotidianos existir y hacer, no de mera noción teórica que no repercute en nuestra voluntad).

Como sociedad organizada en Estado les hemos dado a algunas empresas, en concesión, nuestros recursos, para que exploren, hallen, exploten y distribuyan, y parece que con los años directamente se han adueñado, al punto de que hoy ni siquiera podemos discutir las condiciones de explotación y suministro, ni las estructuras de costos, ni las ganancias ni, en definitiva, los precios que debemos pagar por los servicios que nos brindan para que accedamos a lo que nos pertenece.

Apenas, a través de gobernantes de cuarta a quinta línea para abajo, nos ponen a discutir si vale la pena que nos quejemos de pagar un nuevo aumento que no cuesta más que “una pizza”. Ahí está el punto. Y cada vez que alguien pone el foco en “el punto” le dicen “pero la gente necesita la garrafa ya, no hay tiempo para soluciones utópicas”. Pero resulta que esto nos lo dijeron también hace diez años, y hoy el problema persiste y empeoró. Y seguramente no será muy diferente dentro de diez años más. Lo único que será diferente es el patrimonio de los empresarios y el de algunos gobernantes. Mientras a nosotros, en nombre del pragmatismo, se nos seguirá diciendo que “no es momento de tomar el toro por las astas”, en un año dos garraferas se aprestan a facturar más de 700 millones de pesos sólo de la provincia, sin contar lo que aportan los usuarios y lo que aporta la nación. ¡Cómo será si el gas fuera de ellas y no del pueblo!

Hubo una época, y hay un esquema, en que el gobierno del Estado le impone a quienes explotan recursos naturales, como por ejemplo el suelo, respetar la supremacía del interés del pueblo, que es su dueño soberano. Si quieren exportar carne, harina o leche, porque hay países extranjeros que ofrecen mejor precio que el mercado local, deberán primero garantizar el abastecimiento de la demanda para el consumo de nuestro pueblo, luego recién exportar los excedentes. Y aún así, al exportar, el Estado les retendrá parte de la diferencia de precio obtenida, en su carácter de titular del suelo que es el recurso natural que explotan (diferente, por cierto, de la propiedad registral de inmuebles).

Es básico. Faltaría más: que el pueblo cuyo suelo da carne, leche y pan como el que más, se vea privado de consumirlos por razones vinculadas a… conveniencias corporativas?.

Una provincia autónoma, como lo es cualquier provincia argentina –por definición, preexistente a la formación del Estado Nacional- negocia en términos semejantes: si quieren exportar gas al continente, o a otros países, primero garanticen el abastecimiento para el consumo de nuestro pueblo, dueño del gas, en las condiciones que en tal carácter negociaremos; luego exporten el excedente y nos repartimos los beneficios según el régimen de regalías que establezcamos.

Dirán que las políticas de exportaciones las regula el gobierno central, pero hete aquí que la Constitución Nacional establece que los recursos naturales son de las provincias, y desde esta afirmación se debe pelear un régimen adecuado. No sirve –en términos constitucionales ni democráticos- una institucionalidad que resulta funcional a que un hogar sin gas natural en Tierra del Fuego cueste más de diez mil pesos por mes en gas envasado.

Esas serían las “relaciones institucionales” con el gobierno de Cambiemos que mantendría el gobierno de una provincia que se precie de autónoma, que colabora con “la gobernabilidad” sin regalar lo que es de su pueblo para que se enriquezcan un puñado de empresarios que tomaron el poder mediante fraude. ¿O nos quedaba grande la autonomía cuando decidimos dejar de ser territorio nacional, a cargo de un/a delegado/a de Presidencia?

Entonces, en vez de pedir “un rol más activo”, como nos decían en las campañas electorales, “vamos a Buenos Aires, a defender a los fueguinos”, basta de demagogia.

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