¿Puede un integrante del organismo que elige a los jueces de la provincia, participar de un concurso que se declara desierto, y cinco meses después convertirse en candidato para ese mismo cargo?

Vamos a tratar de explicarlo en castellano.

El organismo es el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego, compuesto por siete miembros: el Fiscal de Estado, un juez del Superior Tribunal de Justicia, un ministro del Poder Ejecutivo, dos legisladores provinciales y dos abogados elegidos por sus pares (uno de Ushuaia y otro de Río Grande).

El concurso es el que finalizó el 13 de diciembre del año pasado, para elegir a los tres jueces de la nueva Sala Civil, Comercial y del Trabajo de la Cámara de Apelaciones de Ushuaia.

Si bien el Consejo eligió ese día a dos nuevos camaristas civiles (Aníbal Acosta y Alejandro Fernández) el concurso para la tercera vocalía fue declarado “desierto” porque el candidato que llegó a la instancia definitoria, el juez de Familia y Minoridad de Ushuaia Alejandro Ferretto, no reunió los cinco votos que necesitaba para ser electo.

Y la situación polémica que se generó es la siguiente:

-El abogado Daniel Alejandro Sacks fue integrante del Consejo en representación de sus pares de Ushuaia hasta fines de 2017.

-Por su condición de consejero, participó de los procesos de selección de numerosos jueces, entre ellos del concurso para elegir a los tres camaristas civiles.

-Sacks participó de la votación que terminó declarando “desierto” el concurso para la tercera vocalía de la Cámara de Apelaciones.

-El letrado dejó el cargo de consejero tras la finalización de su mandato, pocos días después del concurso para camarista.

-Cinco meses más tarde, se presentó como candidato a juez de Cámara, para ocupar el mismo cargo que quedó vacante en el concurso del que él participó como consejero.

¿Por qué la situación es polémica?

Una mirada ingenua podría sostener que no existe ningún conflicto. Se trata de dos concursos, o de dos etapas de un mismo concurso, en donde un abogado fue consejero de la magistratura en la primera parte y, una vez desvinculado del organismo, se convirtió en candidato a juez en la segunda.

Pero lo cierto es que Sacks tendrá como contendientes para el cargo, a algunos de los postulantes que él ya evaluó y votó cuando era miembro del Consejo.

Es el caso, por ejemplo, del juez Ferretto, que vuelve a presentarse como candidato a juez de Cámara, o de los abogados Jesús González Saber y Sergio Bertero, que también insistirán con sus postulaciones.

Otro punto conflictivo radica en que al haber sido miembro del Consejo de la Magistratura, Sacks conoce y mantuvo una relación laboral de doce meses, con al menos cuatro de los siete integrantes del cuerpo que siguen siendo los mismos que en 2017: el Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, el ministro jefe de gabinete, Leonardo Gorbacz, y los legisladores Federico Bilota (Frente para la Victoria y Pablo Blanco (UCR-Cambiemos).

Esos consejeros participarán de la selección del nuevo camarista Civil y evaluarán a Sacks a pesar de haberlo tenido como un par o un colega más, hasta hace cinco meses, salvo que se excusen de intervenir en este concurso.

Es verdad que ninguna ley provincial regula expresamente la incompatibilidad que podría existir para un ex funcionario del Consejo de la Magistratura, a presentarse como candidato a juez poco después de dejar el cargo.

El antecedente más cercano es la Ley Nacional de Ética Pública 25.188 pero que solo hace referencia a incompatibilidades para funcionarios que hayan participado de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, con lo que no tendría una aplicación directa en este caso.

De este modo, la situación no tendría ningún reparo desde el punto de vista legal, aunque vuelve a sumar un cuestionamiento más a la larga lista que ya tiene el órgano encargado de la selección de jueces en los últimos años.

Es que el Consejo de la Magistratura sigue un utilizando un sistema de selección de jueces sin un jurado técnico, y con un mecanismo de votación que no precisa de justificaciones, lo que lleva a que cada concurso acumule dudas y suspicacias, tanto para quienes eligen como para quienes resultan seleccionados.

La falta de confianza en la metodología de la elección se desprende también de datos objetivos: en el concurso de diciembre de 2017 para elegir camaristas civiles se inscribieron 15 postulantes, mientras que en el actual concurso hay 9 y solo tres de ellos se repiten de la nómina anterior. Es decir que la gran mayoría no vuelve a postularse para un cargo en el que estaban interesados hace cinco meses.

Una explicación podría ser que no confían en las reglas de juego de un sistema que sigue generando dudas.

Por todo ello, y porque las autoridades deberían propender a la construcción de un sistema más transparente de selección de jueces, volvemos a preguntarnos:

¿Puede un integrante del organismo que elige a los jueces de la provincia, participar de un concurso que se declara desierto, y cinco meses después convertirse en candidato para ese mismo cargo?

Y la respuesta es no.