viernes 14 de diciembre de 2018 - Edición Nº387
Dar la palabra » Cultura » 1 jun 2018

A 27 años de la jura de la constitución

ANIVERSARIO TDF: Mayoría de edad, un repaso de la historia provincial hasta 2009 (Por Gabriel Ramonet)

¿Será cierto aquello de que las poblaciones con climas fríos tienen tendencia a situaciones políticas inestables?, ¿o simplemente estamos pagando el costo de vivir la etapa inaugural de cualquier Estado, con una población sin arraigo y en la búsqueda de una identidad cultural propia?


18 años. ¿Cómo nos pasó tanto, en tan poco tiempo?

¿Será cierto aquello de que las poblaciones con climas fríos tienen tendencia a situaciones políticas inestables?, ¿o simplemente estamos pagando el costo de vivir la etapa inaugural de cualquier Estado, con una población sin arraigo y en la búsqueda de una identidad cultural propia?

Mayoría de edad. ¿Cómo pasamos de ser acreedores a ser deudores del Estado Nacional? ¿Por qué tenemos instituciones nuevas que parecen viejas? ¿Por qué nos pasó Semana Santa del 95, el ajuste del 2000, la destitución de un gobernador en el 2005? ¿Por qué cada cinco años nos pasa algo grave?

Edad adulta. ¿Qué extraña relación nos une a esta tierra maravillosa? ¿Por qué a pesar del clima, de la distancia, del desarraigo, somos muchos los que encontramos aquí nuestro lugar en el mundo? ¿Por qué nos enamoran los inviernos y nos desafían los veranos? ¿Por qué lo negamos aquí, pero nos sorprende una extraña sensación interna, parecida al orgullo, cuando en el norte nos dicen “fueguinos”?

18 años. A los que estaban allí todavía le brillan los ojos cuando recuerdan el momento en que Doña Elena Rubio de Mingorance, la presidenta de la Convención Constituyente, le tomó el juramento de la flamante Constitución Provincial a los 19 convencionales que la habían redactado.

Era el sábado 1 junio de 1991 en el Polideportivo Municipal de Ushuaia, a las 3 de la tarde. La ceremonia duró 35 minutos, aunque el momento más emotivo se produjo inmediatamente después, cuando el vecino Miguel Fonte, desde la tribuna, pidió a los gritos que “el pueblo también quiere jurarla”. Entonces Mingorance se puso de pie sin titubear y emocionada, con la Constitución en la mano derecha en alto, pronunció la frase de rigor mirando al recinto colmado de gente.

Un “si, juro” masivo bajó de las gradas al unísono y se grabó para siempre en las mentes de los privilegiados testigos presenciales, y en la de miles de personas que siguieron la transmisión en cadena por radio y televisión.

Era el auge del Movimiento Popular Fueguino, un partido político joven que a su vez era resultado de la fusión de dos fuerzas vecinalistas, una con sede en Ushuaia y otra en Río Grande.

El Mopof había ganado sorpresivamente las elecciones constituyentes, ingresando once de los diecinueve convencionales y doblegando al Partido Justicialista, que ocupó cinco bancas, al radicalismo, que ingresó dos, y al Partido Socialista, que logró sentar en la Convención al abogado Luis Augsburguer.

El MPF no esperaba semejante victoria, como tampoco tenía expectativas de ganar las primeras elecciones generales. La mayoría de convencionales se preocupó, entonces, por redactar una Carta Magna con sesgo opositor, puntillosa en controles y en métodos innovadores de transparencia institucional. También se propusieron otorgarle un marco de independencia funcional a los municipios (por entonces sin Carta Orgánica propia) porque pensaban acceder a la intendencia de Ushuaia y creían que el gobierno provincial quedaría en manos del PJ.  Ocurrió lo contrario: el mopofista José Arturo Estabillo ganó los comicios en segunda vuelta con el 49,3% de los votos contra el 48,2% del peronismo. Por apenas 291 votos de diferencia, Estabillo se convirtió en el primer gobernador electo de la provincia.

Separada del cordón umbilical de Buenos Aires, la clase política fueguina lucía ingenua y bien intencionada en los primeros años provinciales. Sin una marcada diferencia de clases, la provincia presentaba un futuro de desarrollo sin límites, apoyado en el fortalecimiento de un polo industrial, en el incipiente boom del turismo y en la aparición de una burguesía de pequeños empresarios y comerciantes locales.

Uno de los primeros conflictos institucionales que enfrentó la gestión de Estabillo fue el cobro de las acreencias con la Nación, calculadas en 500 millones de dólares. El Gobierno finalmente rubricó un acuerdo aceptando percibir 160 millones de pesos en bonos, lo que motivó la renuncia del Fiscal de Estado, Luis Augsburguer.

Eran tiempos fundacionales, donde varias de las instituciones, entre ellas el Poder Judicial, comenzaban a dar sus primeros pasos. También fue un período de auge de la obra pública: se construyeron escuelas y barrios completos, se amplió el puerto de Ushuaia, se avanzó en la pavimentación de la Ruta 3 y comenzaron los trabajos para construir un Aeropuerto Internacional.

En los dos últimos años del primer mandato de Estabillo también comenzaron a trascender las primeras denuncias de corrupción. La forma en que se distribuyeron los Préstamos para el Desarrollo Fueguino (Prodefu) y la creación de Hidrocarburos Fueguinos SA en 1994, terminaron en la Justicia.

El 11 de abril de 1995, la Policía desalojó en forma violenta el interior y el exterior de la quebrada empresa electrónica Continental Fueguina, cuyos cien operarios reclamaban en el lugar por el pago de las indemnizaciones.

El accionar policial y la reacción de los trabajadores desencadenó una represión inédita y generalizada que se extendió hasta el día siguiente, en que fue asesinado por el disparo de un arma reglamentaria de un policía el obrero de la construcción Víctor Choque. Se trataba del primer muerto durante una protesta social desde el regreso de la democracia, en 1983.

Sin embargo, Estabillo ganó con comodidad y en primera vuelta las elecciones generales del 24 septiembre de 1995, al imponerse con el 55,6% de los votos a la fórmula justicialista integrada por Mario Daniele y Esteban Martínez, quienes obtuvieron el 34,1%.

El segundo mandato de Estabillo estuvo plagado de dificultades. Ya en febrero de 1996, con las cuentas en rojo, la Legislatura sancionó por iniciativa del gobierno la ley 278, que redujo entre un 8 y un 20% los salarios de la administración pública.

Al caso Hifusa se sumaron otras denuncias, como la derivada de la construcción del Puerto de Río Grande. Calculado inicialmente y adjudicado a una unión de empresas por 43 millones de pesos, rediseñado luego a un costo de 65 millones de pesos, elevado más tarde a 128 millones, rediscutido ya en gobiernos posteriores a 300 millones pesos, el puerto nunca fue construido en su totalidad. La Yaciretá fueguina, nunca se terminó.

La última parte de la administración de Estabillo se caracterizó por una nueva crisis económica: la Casa de Gobierno cerrada por la falta de pago de los servicios esenciales, como gas, luz y teléfonos, así lo testimoniaba.

Sin posibilidad de una nueva reelección, Estabillo apoyó como candidato a su ministro Roque Martinelli. Después sumó su aval, para la segunda vuelta electoral, al candidato del PJ, Carlos Manfredotti, quien finalmente se impuso con el 50,9% de los votos a la Alianza encabezada por Jorge Colazo, quien obtuvo el 49,1% de los sufragios.

Un mes antes de asumir Manfredotti, la Legislatura provincial sancionó la polémica ley 460, impulsada por el Justicialismo. La norma aprobada a libro cerrado era el presupuesto del año 2000, pero, en rigor, incluía un ajuste del 30 % en los sueldos de los empleados públicos, además de la derogación de estatutos, como la ley de carrera sanitaria, y un inédito régimen de jubilación anticipada y obligatoria que se utilizó para remover a los principales jueces de la provincia.

Con estas medidas, el segundo gobernador constitucional reordenó las cuentas públicas, y logró equilibrio fiscal aún en un contexto nacional de profunda crisis económica.

La gestión de Manfredotti fue acusada por sus opositores de fomentar la corrupción estructural, cooptar los organismos de control, aplicar mano dura con las protestas gremiales y nombrar al menos una decena de sus familiares en cargos públicos.

Durante su gobierno se removió a la cúpula judicial, a tres de los cinco miembros de la Cámara de Apelaciones y a varios jueces de primera instancia. En este período también se unificaron los ex institutos de Servicios Sociales y de Previsión para dar lugar al  IPAUSS.

En junio de 2003, Manfredotti se enfrentó de nuevo en elecciones generales con Jorge Colazo, por entonces aliado con el justicialista disidente Hugo Cóccaro. El PJ ganó en primera vuelta pero en segunda se impuso Colazo  con el 52,8% de los votos contra el 47,2% de Manfredotti.

El primer gobernador de extracción radical desde la provincialización mostró desde el principio un sello propio.

La característica principal de la gestión colacista fue la confrontación múltiple y simultánea  con todos los factores de poder.

Colazo nombró un amplio gabinete de once ministros que duraban meses, o a veces semanas, en sus puestos, porque eran removidos una y otra vez. La oposición lo acusó de generar “caos político” como forma estratégica de gobierno.

En los primeros meses de gestión, se distanció definitivamente de su compañero de fórmula, Hugo Cóccaro, con quien había ganado las elecciones y quien sin embargo se convirtió al poco tiempo en su peor enemigo. Sin respaldo político, Cóccaro se atrincheró en la Legislatura que presidía por su condición de vicegobernador.

En este período, tuvo lugar una de las medidas de mayor impacto económico desde que Tierra del Fuego es provincia. El conocido como “megapase” incorporó a la planta permanente del Estado a más de 5 mil beneficiarios de planes de empleo y trabajadores contratados.

El 7 de septiembre de 2005, la comisión investigadora de la legislatura dictaminó a favor de la realización de un juicio político al gobernador. El dictamen acusatorio incluyó un lapidario diagnóstico sobre las responsabilidades de Colazo en la rendición del ejercicio presupuestario 2004 y sobre la falta de remisión de fondos coparticipables a la municipalidad de Río Grande, los dos ejes del pedido de destitución.

Apenas dos días más tarde, el 9 de septiembre, la sala acusadora resolvió hacer lugar al pedido de juicio político, por seis votos a favor contra uno del legislador oficialista Jorge Berícua. El gobernador fue suspendido del cargo y en su lugar asumió Cóccaro. Finalmente el radical fue oficialmente destituido por la Legislatura el 2 de diciembre de 2005.

La gestión de Hugo Cóccaro como gobernador, para completar el período en que había sido electo junto a Jorge Colazo, se caracterizó por las fuertes disputas gremiales por incrementos de sueldos y, sobre todo, por la decisión del mandatario de resolver esas controversias negociando con cada sector en particular.

El aumento del gasto en salario, profundizado por la segunda etapa del “megapase”, fue hundiendo a la provincia en una nueva crisis económica que se volvió indisimulable durante los primeros meses de 2007.

Cóccaro se presentó a elecciones aliado con el sector del PJ más vinculado al gobierno nacional, y aceptó como compañera de fórmula a la diputada Rosana Bertone.  El proceso electoral estuvo signado por escándalos de todo tipo.

En los comicios, igual se impuso Cóccaro con el 32,2% de los votos en primera vuelta, pero en la segunda, la fórmula del ARI integrada por Fabiana Ríos y Carlos Bassanetti aventajó a los justicialistas, logrando el 52,8% de sufragios contra el 47,2% de Cóccaro-Bertone.

La primera gobernadora electa del país asumió anticipadamente su cargo el 17 de diciembre de 2007. Y enfrentó una crisis económica e institucional sin precedentes en la corta historia de nuestra provincia: sin fondos para hacer frente al pago de salarios, con un Estado sobredimensionado, con ex funcionarios sospechados de corrupción, y reemplazando a un gobernador que completaba el mandato de otro, destituido por la Legislatura.

La gestión de Fabiana Ríos presentó denuncias penales contra sus predecesores y adoptó medidas en favor de una mayor transparencia, como la publicación de los datos económicos del Gobierno en Internet y la desregulación de las compras del Estado, a la vez que llamó a la conformación de órganos participativos como el Consejo Económico y Social.

Ríos propició la discusión pública de una nueva ley de Educación, estableció como gratuitas las prestaciones médicas de los hospitales para quienes no poseían obra social y reguló por decreto la distribución de la publicidad oficial.

Sin embargo, el primer año y medio de su administración se caracterizó por los múltiples conflictos sindicales originados en pedidos de incremento salarial. Las medidas de fuerza impedían el normal funcionamiento de escuelas y hospitales, además de paralizar, casi en su totalidad, la actividad en la Casa de Gobierno.

La oposición y los gremios cuestionaban la “falta de diálogo” y una supuesta “inacción” para resolver los conflictos.

El equilibrio de las cuentas públicas, con la premisa de no despedir empleados ni bajar sueldos, la búsqueda de una perspectiva distinta para el desarrollo de la Isla y la resistencia ante los embates de una crisis económica con efectos en todo el mundo, eran los principales desafíos del gobierno cuando la provincia cumplió su mayoría de edad.

18 años. Apenas una parte de todo lo que nos pasó en tan poco tiempo. Una historia efímera e incandescente, breve y sinuosa, grave, pero inconclusa.

Mayoría de edad. Una fecha para mirar por el espejo retrovisor del pasado reciente. Para entender cómo y dónde estamos. Para comprender, y para serenarse.

18 años de provincia. Un momento para observar a nuestros hijos crecidos, para reenamorarnos del paisaje, para convencernos de haber hallado, nuestro lugar en el mundo.

 

 

 (*) Guión del documental realizado por el autor junto a Jorge Navone en 2009, al cumplirse 18 años de la provincia.

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