Hace dos meses aproximadamente escribí un breve texto titulado “Deseando que sea un malentendido”. Allí explicaba el marco legal y el sentido pedagógico de las horas institucionales y “contra-cuatrimestre” tal como se distribuían en el IPES “Florentino Ameghino” de Ushuaia hasta el año pasado. En ese momento todavía la institución no había sido intervenida ni sus autoridades legítimas desplazadas; todavía los sueldos de sus docentes no habían sido efectivamente recortados en porcentajes variables tales que dejan virtualmente despedidos a muchos de ellos; todavía los estudiantes podían suponer que iban a poder cursar todas las materias que correspondían a este cuatrimestre y rendir los exámenes necesarios para no ver perjudicada su carrera en las próximas mesas de examen. Es decir, todavía la comunidad educativa del IPES FA podía abrigar una tenue esperanza de que no ocurriera todo lo que después sucedió.

Hoy la situación es completamente diferente, y suponer que el actual conflicto entre la institución y el Ministerio de Educación de Tierra del Fuego se debe a un malentendido sería una ingenuidad insensata e irresponsable. Como también lo sería analizar la situación del IPES FA como si fuera un caso aislado, debido a la mala gestión de actores individuales de uno u otro sector. Sería un planteo casi naif desconocer que, al mismo tiempo que se recortan las horas cátedra de la mencionada institución de formación docente desplazando de sus funciones a los directivos y secretarias que defendían la legalidad de las mismas, el Ministerio de Educación da de baja materias del último año del Centro Polivalente de Arte, cierra la carrera de Gestión Hotelera en el CENT N° 11, da de baja un gran número de cargos de maestro tutor en colegios secundarios estatales, despide maestros acompañantes en la Escuela de Educación Especial “Kayú Chenen”, entre otras tantas acciones. Y en el contexto nacional la situación tampoco es diferente: el cierre de los CEIJA en Jujuy o el proyecto UNICABA que supone cerrar 29 profesorados en la ciudad de Buenos Aires son sólo ejemplos ilustrativos de una tendencia que se generaliza.

De aquí surge la necesidad de analizar y reflexionar acerca de lo que subyace a estas medidas. En un contexto neoliberal que pone el acento en cuestiones mercantilistas, la educación pública pasa a ser un lujo que no nos podemos ya dar. Todos los argumentos explícitos que pretenden justificar las acciones señaladas y otras semejantes invocan la necesidad de tornar más eficiente la ecuación costo / beneficio de los servicios educativos, como si los parámetros invocados (cantidad de estudiantes por docente o número de egresados, por ejemplo) fueran indicadores reales de estos ítems. Sin embargo, siguiendo estos argumentos explícitos no se explican muchos detalles significativos que acompañan estas medidas. Se analizarán sólo algunos para no aburrir al lector.

En la intervención del IPES FA se separa de su cargo al rector, vice-rectora, secretaria y tres pro-secretarias bajo la sospecha de distribuir las horas cátedra de manera discrecional y otorgarlas a docentes que no trabajan. En primer lugar llama la atención la decisión de separar del cargo a estas personas, atentando de esta manera contra la institucionalidad del establecimiento educativo: si de verdad se quieren investigar estas presuntas arbitrariedades, ¿no es mucho más lógico solicitar una auditoría a organismos estatales adecuados a este fin, como por ejemplo el Tribunal de Cuentas? ¿no están los miembros de este organismo mucho más formados para auditar y evaluar los reglamentos correspondientes que personas que ocupan puestos políticos en áreas poco o nada relacionadas con la educación superior? Y aún más  ¿qué ahorro supone la designación en el lugar del rector de una persona que no es profesor de la institución (y ni siquiera docente), designado para interrumpir el normal desarrollo de las actividades académicas sin que se establezca una duración de la intervención? ¿qué beneficio económico implica interrumpir el funcionamiento democrático de una institución en la cual las autoridades históricamente se designan por votación de los claustros sin que este mecanismo implique costo alguno para el Estado? ¿qué necesidad hay de suspender los concursos docentes que otorgan transparencia a la designación de horas cuando este mecanismo se lleva a cabo “ad honorem” y por lo tanto tampoco significa costo alguno para la provincia? Evidentemente los argumentos explícitos no alcanzan para dar cuenta de estas medidas.

Algo semejante ocurre con el debate acerca de la UNICABA en la ciudad de Buenos Aires. También allí se invocan cuestiones económicas. Supuestamente los profesorados que se pretenden cerrar son muy costosos, y la formación docente que ofrecen es de baja calidad. Supuestamente transferir los mismos recursos humanos y materiales a una universidad, va a lograr, automáticamente, que esos mismos recursos humanos y materiales sean más eficientes en la formación de docentes. Más allá de un planteo que remite más al pensamiento mágico que a posibilidades reales, es necesario, nuevamente, sospechar de los argumentos explícitos: si el objetivo es mejorar la formación docente, objetivo de por sí muy loable, ¿qué beneficio puede traer cerrar instituciones (algunas de ellas centenarias) que han hecho escuela a nivel nacional y son parte de nuestra identidad? ¿cómo puede pensarse que la palabra “universidad” por sí sola va a solucionar problemas que demandan un análisis complejo y acciones integradas desde varios sectores? Si una de las características propias de la universidad es la de producir conocimiento y difundirlo (mediante la investigación y la capacitación) ¿por qué son justamente éstas las áreas que se atacan en los institutos de formación docente?

Más bien parece que, bajo los argumentos explícitos de una utilización más efectiva de los recursos del Estado, lo que implícitamente se está atacando es a la educación en sí, y más precisamente, al pensamiento crítico allí donde se esté produciendo. Esta hipótesis permite entender mejor los ataques a las estructuras democráticas, el recorte de horas en las funciones propias de la producción y difusión de conocimiento, la coartación de los mecanismos que permiten acceder a los cargos a las personas mejor formadas (como los concursos de oposición y antecedentes).

¿Y por qué la educación en las instituciones educativas es demasiado cara y un lujo que ya no nos podemos dar? Una posible respuesta es porque, si en épocas anteriores la educación formal era la manera más efectiva que se conocía para influir en las personas y condicionar su conducta, esa función en la actualidad la cumplen los medios masivos de comunicación de manera mucho más rápida, económica, efectiva y maleable ante los intereses cambiantes. Un ciudadano educado que pasó por una escuela (aún con todas las limitaciones que la escuela actual presenta) es un ciudadano más crítico y menos manejable que un ciudadano que no pudo estudiar. La educación formal, aunque esto no sea tan evidente para la mayoría, todavía es un espacio de interpretación del mundo que resiste, a veces con poco éxito, la simplificación y el pensamiento único construido con maestría por los más masivos medios de comunicación.

No es ésta la única causa del ataque sistemático que sufren hoy las instituciones de formación docente y otros establecimientos educativos que brindan formación que pueda considerarse crítica (a grupos normalmente excluidos que a través de la escuela puedan empoderarse, a estudiantes de carreras artísticas que pueden tener una mirada diferentes del mundo, etc.). La complejidad de los eventos sociales nos impide plantear variables únicas y excluyentes para explicar un fenómeno. Pero ciertamente, el poco interés real en la educación pública, aun cuando en los discursos oficiales se declame su importancia con palabras rimbombantes, no se comprende solamente por la necesidad de un recorte económico.

(*) Lic. en Ciencias de la Educación (UBA); egresada de la Certificación Docente de Profesionales (IPES FA); Profesora en el IPES FA desde 1996: durante este períodos se desempeñó en docencia (carreras de grado), cursos de capacitación, asesoramiento a medida a la Escuela 31 de Ushuaia, e investigadora por convenio entre IPES FA y el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación (UBA).