Luego de que el proyecto de implementación del voto electrónico a nivel nacional que impulsaba la gestión del presidente Mauricio Macri sufrió a fines de 2016 un traspié en el Senado, se sucedieron en todo el mundo, y también en la Argentina, una serie de noticias negativas para los impulsores de este tipo de sistemas.

Ya en los comicios de Estados Unidos, de 2016, se denunciaron múltiples irregularidades en los sistemas de votación y el fantasma de ataques informáticos por parte de Rusia para influir en los comicios aún se debate en el gran país del Norte.

Pero las novedades a nivel internacional se multiplicaron:

• Holanda, que ya había abandonado el voto electrónico en 2006, decidió en 2017 dejar de usar computadoras incluso para contar los votos por temor a posibles interferencias extranjeras.

• Francia prohibió seguir usando el sistema de voto electrónico que regía para sus ciudadanos en el extranjero.

• Alemania, que prohibió el voto electrónico en 2009, volvió a contar a mano los sufragios que consagraron finalmente a Angela Merkel para un mandato más.

• Lo mismo ocurrió en Italia, en las elecciones que provocaron un cimbronazo político este año de la mano de “outsiders” del sistema político.

Además, en nuestro país, en línea con este claro clima internacional, también ha cambiado la mirada general de los especialistas sobre el voto electrónico. Por un lado, se profundizó el rechazo generalizado por parte de los expertos en informática: en los debates parlamentarios el oficialismo no logró que una sola autoridad en esa materia, más allá de las empresas que se dedican a la venta de las máquinas para votar, respaldaran la iniciativa.

También se sumaron los politólogos y organizaciones no gubernamentales dedicados a la transparencia electoral. En noviembre pasado, ONGs y especialistas en política electoral cuestionaron la intención del gobierno nacional de avanzar el voto electrónico.

Así lo expresaron en una carta enviada al presidente Mauricio Macri las organizaciones Poder Ciudadano, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación Civil por los Derechos Civiles, Ageia Densi, Carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, CEPPAS, Directorio Legislativo, Fundación Vía Libre y Salta Transparente.

"Pedimos el sistema de la boleta única en papel en clara oposición a la boleta única electrónica, porque entendemos que la acción del ciudadano no puede estar intermediaria por un sistema electrónico", precisó Pablo Secchi, director Ejecutivo de Poder Ciudadano.

La propia experiencia nacional también dio cuenta de que el Poder Ejecutivo quiere “solucionar” con el sistema de voto electrónico un “problema” que no existe. En octubre pasado todos los argentinos votamos nuestros representantes al Congreso y ningún partido político -una vez más- cuestionó la transparencia ni la legitimidad de los resultados.

Seguir la experiencia internacional -en particular la de aquellos países con altos estándares de transparencia electoral- y escuchar a los expertos en materia electoral e informática debería ser la línea a seguir en un debate que necesita de la atención y la participación de todos, tratándose de una de las cuestiones básicas del sistema democrático.

(*) Politólogo, docente UBA y FLACSO, editor del blog Artepolitica.