lunes 24 de septiembre de 2018 - Edición Nº306
Dar la palabra » Política » 24 mar 2018

Municipio 4

¿Hay límites para la voluntad política? (por Juan José Mateo)

El pasado miércoles 21 de marzo, la ex gobernadora Fabiana Ríos publicó un artículo en este portal referido a la cuestión de la municipalización de la “Margen Sur”, al que sugestivamente tituló “Los límites de la voluntad política” A la luz de los argumentos legales expuestos por Ríos, que son rebatibles y a los que me referiré sobre el final, existe un agravante que no se puede pasar por alto. Quien firma esa publicación gobernó la Provincia entre los años 2007 a 2015.


El pasado miércoles 21 de marzo, la ex gobernadora Fabiana Ríos publicó un artículo en este portal referido a la cuestión de la municipalización de la “Margen Sur”, al que sugestivamente tituló “Los límites de la voluntad política”. En el mismo, cita 2 artículos de la Constitución Provincial y 3 pasajes de la Carta Orgánica del municipio de Río Grande, además de recordar elocuentemente el Pacto Fiscal firmado por la Provincia con la Nación. Precisamente estos elementos jurídicos, según Ríos, vendrían a constituirse en el gran muro donde la voluntad política (del Gobierno actual) debería estrellarse, detenida por los imperativos del “deber ser”.

A la luz de los argumentos legales expuestos por Ríos, que son rebatibles y a los que me referiré sobre el final, existe un agravante que no se puede pasar por alto. Quien firma esa publicación gobernó la Provincia entre los años 2007 a 2015 (tal como se explicita en el floreado y orgulloso currículum expuesto sobre el final de la nota) y su gestión fue responsable directa de la situación de precariedad en la que hoy están sumidos miles de fueguinos, en la medida que la posesión de las tierras “intrusadas” de la denominada "Margen Sur" eran también responsabilidad del Gobierno Provincial, que por mandato constitucional, tal como lo establece su artículo 25, debía garantizar “el derecho de los habitantes a gozar de un medioambiente sano”, para que puedan vivir en “un ambiente físico y social libre de factores nocivos para la salud”.

Pues bien, ni la Provincia, ni el municipio de Río Grande en aquel tiempo tuvieron la capacidad de dar respuesta a las cientos de familias allí establecidas. En la medida que los asentamientos iban ganando terreno sobre “La Margen Sur”, el Gobierno de Ríos operaba una retirada de las responsabilidades constitucionales básicas previstas en su Preámbulo: la de “exaltar la dignidad humana protegiendo los derechos individuales y sociales… asegurando a todos los habitantes los medios para la preservación de la salud y la protección del medioambiente”.

Tal es así que durante los ocho años de su gobierno, no existió una agenda pública ni de gestión para subsanar lo que en la última década, significaba la conformación de un problema francamente humanitario. Todo lo contrario y al margen de cualquier marco jurídico que respete cualquier precepto constitucional o constituyente municipal, quien hoy advierte sobre los límites de la voluntad política, utilizó todas las herramientas y mecanismos de perversión que tuvo a su alcance para generar el más abyecto clientelismo político, aquel que se vale de amontonar familias en la informalidad y tenerlas presas de la necesidad.

Una realidad dolorosa que su Gobierno construyó por acción y también por omisión en la forma de un Estado ausente. Famosos fueron los “referentes” políticos del ARI-PSP recorriendo la creciente “Margen Sur”, en el periodo que a Ríos le tocó ejercer la gobernación, traficando voluntades electorales a cambio de terrenos provinciales sin lotear y desde ya, sin servicios básicos. Literalmente, amontonaron familias en terrenos fiscales sin planificación alguna. Y mientras el Estado se pulverizaba en el raquitismo financiero e institucional, el Gobierno de Ríos sólo se hizo presente en el lugar para configurar una verdadera máquina de fabricar miseria.

Porque hay que decirlo también: nuestro pasado reciente confirma que las leyes que garantizan derechos son letra muerta cuando no se cuenta con los recursos necesarios para hacerlos efectivos.

Orden de prioridades

Por si fuera poco y como si se tratase de un actor de reparto, Ríos menciona con total frialdad el caso de la informalidad en el particular ejemplo de “la Margen Sur”. En su artículo, lamentablemente, los vecinos del lugar son un factor secundario que no puede faltar en la argumentación. Su preocupación es más o menos demostrar legalmente qué existió primero: si el huevo municipal o la gallina provincial. Indagar sobre las "formas" en la presentación de los proyectos para que tomen estado parlamentario. Denunciar al Gobierno actual de oportunista, mostrarlo contradictorio y posicionarse a favor de la autonomía municipal.

Y observando ese orden de prioridades, es que se hace necesario aclarar que hablar de "un importante número de vecinos de la ciudad de Río Grande" -así los menciona, como al pasar-, es en realidad hablar de los derechos vulnerados de mujeres y hombres, de sus hijas e hijos. Es hablar de problemáticas en la niñez y adolescencia. Son personas, ciudadanos fueguinos. Todos sumidos en las condiciones precarias de la contaminación, a merced de enfermedades, sin agua potable, sin gas, sin cloacas. Un niño que durante la mañana juega entre desechos cloacales, por la tarde quizá se encuentre en la guardia del Hospital Público con sarpullido en la piel o problemas respiratorios. Un ejemplo que debe escandalizar y sobreponerse a cualquier oratoria, teorización o apelación al más perfecto precepto constitucional.

Ese es un legado insoslayable de su Gobierno. Su responsabilidad. Una hipoteca social cara al futuro y la dignidad de muchos fueguinos. 

Sumado a estos tristes antecedentes, en los años de mayor expansión de “La Margen Sur”, el Estado Provincial opacó a tal punto sus responsabilidades sociales que en esa parte de la Provincia brilló por su total ausencia. Seguramente en sus ocho años de gestión habrá tenido la posibilidad de hacer gala de una voluntad política propositiva, generando suelo urbano, de confiscar o comprar tierras, de lotear y reacomodar a las familias establecidas, de articular o negociar respuestas institucionales con el Municipio para buscar la regularización y contener futuras problemáticas sociales y medioambientales. Desde ya. Nada de eso hizo.

Es por esto que el debate sobre la cuestión de la municipalización de la Margen Sur no puede ni debe circunscribirse a los límites técnicos de las apreciaciones legales. Ni a las chicanas políticas del momento, que suelen ser divertidas siempre y cuando no se encuentre la angustia y dignidad de miles de fueguinos en juego.  

¿Quién fija los límites municipales?

Por lo demás y sin pretender aburrir al lector con una recopilación de leyes e interpretaciones similar a la realizada por la autora, debemos recordar que la Constitución Provincial cuenta con muchos otros artículos que los mencionados allí. Por ejemplo, que por mandato constitucional corresponde a la Legislatura organizar el Régimen Municipal; como también crear o modificar la jurisdicción departamental de la Provincia con el voto de los dos tercios de sus miembros. (art. 105, inc. 8 y 14)

Es verdad que los municipios luego de sancionada la Constitución, dictaron sus propias Cartas Orgánicas y que la de Río Grande en 2006 estableció sus límites y la voluntad de “no admitir su reducción territorial”. Y es lógico y lícito que lo haga.

Pero la Constitución Provincial, más allá de declarar en el espíritu de su Ley la de "afianzar la autonomía municipal", reserva a la Legislatura la facultad de “organizar el régimen municipal” según las bases establecidas en la constitución; legislar sobre el uso y la enajenación de las tierras de propiedad del Estado Provincial; y, sobre todo, “promover el bien común mediante leyes sobre todo asunto de interés general que no corresponda privativamente al Gobierno Federal, y dictar todas aquellas que fueren necesarias o convenientes para hacer efectivos los derechos, deberes y garantías consagrados por esta constitución y poner en ejercicio los poderes antecedentes y todos los otros concebidos al Gobierno de la Provincia”. (Artículo 105, inc. 37).

Es decir, la Ley fundamental de la Provincia no establece en ningún lado que la Legislatura deba aceptar sumirse a un ordenamiento propuesto por las cartas orgánicas municipales. Muy por el contrario, explicita en su artículo 172 que “los límites de los municipios y comunas se establecerán por una ley especial de la Provincia cuya aprobación y eventuales modificaciones deberán contar con el voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros de la Legislatura”.

Por lo demás, insistir sobre la trillada carta del ataque a la “autonomía municipal”, esgrimida cada vez que la Provincia desea hacer algún avance en lo que considera una política de Estado tendiente a efectivizar la cobertura de derechos sociales para la población, no hace otra cosa que alimentar la trampa maniquea que mantiene la constante tensión entre Provincia y municipios. Cuestión que, aunque poco estudiada, resienten las posibilidades de desarrollo de la región y se encuentra quizá en la lógica que impuso la historia reciente del Territorio Nacional y la Constitución provincial sancionada en 1991.

Este último elemento, es importante a la hora de entender qué significa hablar de "estatidad municipal" en los marcos del desarrollo de Estados subnacionales como lo fue el Territorio Nacional fueguino. Tema que merece un tratamiento serio como minucioso.

Finalmente, el pacto fiscal remite a una simple cuestión de caja. En ese sentido, más que preocuparse por "el gasto de la política" de un posible nuevo Estado municipal (al mejor estilo de los neoliberales en la crisis de 2001), bien podría explicarles a los vecinos de la Margen Sur como es que el Municipio de Río Grande (¡su Municipio!), que cuenta con menos de 100.000 habitantes, maneja el 50% del presupuesto de la localidad bonaerense de la Matanza, cuya población alcanza el 1.700.000 mil almas, mientras que "ellos", los vecinos de la Margen Sur (los de la "otra Río Grande") continúan sumidos en la pobreza estructural que significa vivir a diario sin servicios básicos como agua potable, gas corriente o cloacas.

Es por todo esto que la cuestión de la "Margen Sur" merece los mayores esfuerzos de la voluntad política entendida en el mejor de los sentidos. Porque las carencias de la "Margen Sur", su desarrollo no planificado, su precariedad, fueron obra de la peor de las voluntades políticas, las que reprodujeron sobre ese territorio las aberrantes prácticas del clientelismo y la desidia estatal, del cual, el Gobierno de Fabiana Ríos, fue participe tan original como  necesario.

(*) Secretario de Acción Política del Congreso Provincial Justicialista - Miembro del Gabinete provincial.

NEWSLETTER

Suscríbase a nuestro boletín de noticias

OPINIÓN