martes 25 de septiembre de 2018 - Edición Nº307
Dar la palabra » Política » 22 mar 2018

Casos de corrupción

Vueltas impunes del Escándalo Glisud (Por Gabriel Ramonet)  

La diferencia más detestable entre un ladrón que se propone robar un kiosco, y una banda de poderosos que se propone robar un banco, es que la banda es capaz de afirmar que el atraco es un hecho legal. El que roba kioscos, en lugar de bancos, al menos tiene la decencia de no argumentar que las golosinas merecían salir de sus envoltorios.


Por:
 Gabriel Ramonet

La diferencia más detestable entre un ladrón que se propone robar un kiosco, y una banda de poderosos que se propone robar un banco, es que la banda es capaz de afirmar que el atraco es un hecho legal.

La segunda gestión del ex gobernador José Estabillo convirtió al Banco de Tierra del Fuego en un festival de créditos que nadie pagaba.

Muchos de esos préstamos eran otorgados a los “amigos” del poder, como definió la jueza María Cristina Barrionuevo en un pronunciamiento donde trató la conformación de la cartera de morosos.

Cuando el agujero bancario llegó a los $200 millones (luego se volverían dólares) la gestión entrante del ex gobernador Carlos Manfredotti tomó la decisión de “limpiar” la cartera crediticia para que el banco quedara “en cero” y pudiera ser privatizado, medida que –por suerte- no llegó a concretarse.

La limpieza consistió en “estatizar” la deuda y mandar a los morosos a un Fondo Residual para que allí se lograra el máximo recupero posible de las deudas. Lo recaudado debería ser transferido al ex IPAUSS, principal damnificado de la situación porque los $200 millones que tenía depositados en la entidad bancaria ya “no estaban” y el Estado se hacía cargo del “muerto”.

Sin embargo, el Fondo Residual tuvo impregnado en su ADN el olor a “negociado”, porque el poder de la época lo vio como una oportunidad para quedarse con propiedades de los deudores, ya que muchos de los créditos tenían como respaldo hipotecas nunca ejecutadas. Según su ética particular, no estaba mal reparar el desfalco bancario mopofista desguazando a los deudores llamados “incobrables”.

Por eso, el Fondo se creó como una “asociación civil sin fines de lucro”. Una asociación sin socios, que quedaba exenta de todo control estatal a pesar de que debía recuperar fondos públicos.

Por eso, el poder de la época diseñó el “negocio legal”, aprobando leyes (por ejemplo) como la que permitía a los deudores y a “terceros”, la entrega de títulos de la deuda pública “a valor técnico” para saldar las obligaciones con el Fondo.

El club Fondo Residual comenzó –entonces- a ceder su cartera morosa a esos terceros, que compraban los créditos con bonos “basura”, ejecutaban las hipotecas como el Estado nunca había hecho, y se quedaban con los bienes porque el deudor, a esa altura, ya debía sumas siderales por los intereses acumulados y casi nunca podía pagarle al “nuevo” dueño del préstamo.

En ese contexto, y no en otro, sino en ése, nació Glisud SA, una empresa creada pocos meses antes de uno de los concursos en que el Residual cedió tres créditos de su cartera. Una firma fundada por dos ancianas que figuraban en otros cientos de sociedades fantasmas, con la intervención de escribanos destituidos por dedicarse (casualmente) a constituir empresas truchas, con un capital inicial de 12 mil pesos y, luego, con el domicilio legal en un prostíbulo.

Esa es la empresa que se presentó a ofertar ante el Fondo Residual, el 30 de diciembre de 2002.

Pero no solo éso.

La firma, luego se supo, tenía fuertes vinculaciones con el mismo poder político que creó el Fondo Residual, sancionó las leyes para que se pudieran recibir bonos y generó el contexto para la maniobra que iba a producirse.

Los vínculos, eran obvios. El presidente era asesor en el Ministerio de Economía del Gobierno, su apoderada era asesora del vicegobernador. En fin.

Sin ánimo de dar por cierto lo que la Justicia juzgó por estos días, se puede afirmar que Glisud presentó en el concurso una oferta falsa. La firma de la apoderada era falsa. El documento era falso. La Justicia sospecha que la oferta se confeccionó dentro de las oficinas del propio Fondo Residual. En el juicio, ninguno de los imputados se hizo cargo de la oferta. Ni siquiera la apoderada de Glisud puede explicar cómo llegó una oferta falsa “firmada” por ella. Dice que ella no la hizo. El presidente de la empresa tampoco sabe. Dice que él no la hizo. Las autoridades del Fondo no saben nada. Dicen que ellos tampoco la hicieron. Que les pregunten a los empleados.

En el juicio sobrevoló un argumento muy creativo. “No importa si la oferta es falsa”, porque en definitiva después Glisud depositó los bonos que decía la oferta falsa, y un apoderado de la empresa que no confeccionó la oferta falsa viajó a Ushuaia a firmar las escrituras.

Con los bonos se cancelaron los créditos morosos y entonces nadie perdió. Todos ganaron. Y se cumplió con la ley.

Quizá el lector no lo crea, pero casi todo el juicio del “Escándalo Glisud” sirvió para discutir si estuvo bien o mal que el Fondo Residual considerara más conveniente la oferta de Glisud de 1,1 millones de pesos en bonos defaulteados, en lugar de otra oferta de $600 mil en efectivo.

Que si la ley lo autorizaba, que si con los bonos el Fondo podía transferir montos al gobierno a “valor nominal”, que si los terceros (y no solo los deudores) podían ofertar en bonos o que si debía evaluarse  el contexto económico del país.

Entre lenguaje bursátil, pericias contables y preguntas reiteradas hasta el hartazgo, parecieron perderse en la bruma judicial los hechos más graves y escandalosos, transformándolos en meras interpretaciones de leyes y de conceptos económicos.

En el medio, casi nadie hace foco en la posibilidad de que una banda de poderosos se haya asociado para crear una empresa fantasma y delinquir con ella usando como armas, a los mecanismos estatales que tenían licencia para manejar.

En el medio, las empresas de dudosa constitución, las firmas falsificadas y las conexiones con el poder, parecen convertirse en simples decorados, mientras en el escenario se representa una obra bizarra, con actores que hacen de buenos y quieren convencernos de que un robo puede ser legal.

El que roba kioscos, en lugar de bancos, al menos tiene la decencia de no argumentar que las golosinas merecían salir de sus envoltorios.

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